España endurece sus leyes para evitar una plaga de centros de datos
El Gobierno de España buscará establecer normas más estrictas para los centros de datos que operan en el país y los nuevos proyectos que quieran instalarse. De acuerdo con diferentes fuentes cercanas al Ejecutivo, España prepara nuevas reglas mediante el ‘Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos’.
La decisión llega ante lo que se ha catalogado como una “avalancha” de proyectos de inversión que buscan aprovechar la disponibilidad de terreno en España y su creciente capacidad de generación renovable.
El Gobierno de Pedro Sánchez intenta impedir que se repitan escenarios como los de Irlanda, Singapur y Países Bajos, donde el sector creció a mayor velocidad que la infraestructura eléctrica y la planificación territorial. En Irlanda, por ejemplo, los centros de datos ya consumen alrededor de una quinta parte de toda la electricidad del país.
Concentra 79% de la capacidad instalada y atrae inversiones millonarias de Microsoft, Google y AWS. Así es Querétaro, la capital mexicana de los centros de datos. Pero mientras crecen las ganancias, comunidades locales denuncian presión sobre el agua, empleos limitados y una prosperidad que no llega para todos.
La primera parte del problema ya está en España
El problema comienza a vislumbrarse en España. Su actual estrategia en materia de inteligencia artificial (IA) estimaba una demanda eléctrica de alrededor de 4 gigavatios (GW) para los centros de datos en 2030. Sin embargo, el Gobierno señala que ya existen 6 GW disponibles para estas instalaciones en la red de transporte y otros 6 GW en la de distribución. En otras palabras, el espacio disponible para el sector ya triplica lo que España calculaba que necesitaría para finales de la década.
El Gobierno todavía no ha publicado el proyecto, aunque medios como Reuters, Europa Press y El País han adelantado sus principales medidas a partir de fuentes gubernamentales.
Según los detalles conocidos hasta ahora, la nueva regulación obligará a los desarrolladores de centros de datos a cumplir determinadas condiciones de eficiencia energética e hídrica. El incumplimiento podría derivar en penalizaciones, sanciones e incluso, en los casos más extremos, en la pérdida del acceso y conexión a la red eléctrica.
Uno de los requisitos más importantes será que los centros de datos respalden al menos un 80% de su consumo con energía renovable. No bastará con contratar electricidad procedente de instalaciones solares o eólicas que ya estaban funcionando: la nueva demanda deberá estar acompañada de nueva capacidad de generación renovable.
Además, de acuerdo con Europa Press, el cumplimiento se comprobará hora por hora: durante cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá corresponder a energía renovable generada en ese mismo periodo.
La regulación no se limitará al consumo de electricidad y agua. Las fuentes consultadas por los medios también adelantan medidas de soberanía digital. Los centros deberán estar operados por entidades establecidas en la Unión Europea (UE) y mantener dentro del territorio comunitario los datos relativos a su propia operación. También tendrán que adoptar medidas para proteger esa información frente al acceso de autoridades de países externos a la UE cuando no esté amparado por el derecho europeo.