Juez ordena suspender bombardeos en Guaviare cuando haya riesgo de presencia de menores
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Una nueva decisión judicial puso bajo revisión los protocolos utilizados durante las operaciones militares en el Guaviare cuando existe la posibilidad de que haya menores de edad en las zonas donde se encuentran los objetivos. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare ordenó suspender temporalmente los bombardeos cuando existan elementos objetivos que permitan advertir sobre la posible presencia de niños o adolescentes.
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La orden fue emitida dentro de una acción de tutela presentada por el ciudadano Roxemhberg Rozo Sánchez, quien pidió la protección de los derechos fundamentales de menores víctimas de reclutamiento forzado en el departamento.
De acuerdo con el auto judicial, la suspensión aplicará cuando las autoridades cuenten con información de inteligencia, alertas preventivas u otros elementos que permitan establecer razonablemente que en el lugar de la operación podrían encontrarse menores cuya vida o integridad física estaría en riesgo.
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La medida tendrá carácter provisional y preventivo y permanecerá vigente mientras el juzgado estudia de fondo la tutela y adopta una decisión definitiva.
El despacho explicó que adoptó la medida ante la imposibilidad de descartar que un menor reclutado por un grupo armado pueda encontrarse en el área de una operación militar y resultar muerto o herido.
Según el razonamiento del juez, una eventual afectación a la vida o integridad de un niño o adolescente constituiría un daño irreversible, por lo que consideró necesario adoptar una medida de protección antes de resolver definitivamente la tutela.
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Para sustentar su decisión, el juzgado también tuvo en cuenta antecedentes de menores muertos durante operaciones militares. En el auto se cita información de Medicina Legal sobre diferentes operaciones realizadas desde agosto de 2025, en las que fueron recuperados cuerpos de menores de edad. Tras los análisis forenses, se estableció que 15 de los cuerpos correspondían a niños o adolescentes.
No obstante, el juzgado hizo énfasis en que estos antecedentes no significan que las autoridades hayan vulnerado los derechos fundamentales de los menores en el caso que actualmente estudia.
Uno de los puntos centrales de la decisión es que no existe una prohibición general de los bombardeos ni de las operaciones militares en el Guaviare.
La suspensión está restringida a aquellas situaciones en las que exista información de inteligencia, una alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita advertir razonablemente sobre la posible presencia de menores en el área que sería intervenida.
El juez también precisó que, en esta etapa del proceso, no está determinando que las autoridades sean responsables de una vulneración de derechos. La medida responde a la existencia de un riesgo que, a juicio del despacho, debe ser prevenido mientras se analiza el fondo de la acción constitucional.
Como parte del trámite, el juzgado dio un plazo de 48 horas al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el ICBF para que informen qué medidas y protocolos tienen establecidos para detectar la posible presencia de menores en las zonas donde se realizan operaciones militares.
Las entidades también deberán explicar cómo verifican la información de inteligencia relacionada con menores que puedan haber sido reclutados o utilizados por grupos armados, de qué manera evalúan los riesgos para la población civil antes de realizar operaciones aéreas y qué mecanismos emplean para garantizar la protección especial de niños y adolescentes.
Las demás entidades vinculadas al proceso también dispondrán de 48 horas para responder los hechos expuestos en la tutela y presentar las pruebas que consideren pertinentes.
El proceso continuará con la participación de entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, autoridades indígenas y organizaciones campesinas del Guaviare.
Además, el juzgado invitó a organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF, así como a facultades de Derecho de distintas universidades, para que presenten sus consideraciones frente al problema jurídico.