La autoridad constitucional francesa echa atrás la prohibición de redes sociales a menores
"A finales de julio, ambas cámaras del Parlamento francés aprobaron una ley que prohibía el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. Sin embargo, el Consejo Constitucional de Francia la acaba de rechazar al determinar que algunas de sus disposiciones vulneraban derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión y comunicación, así como con el respeto a la vida privada."
El organismo reconoció que la iniciativa perseguía un objetivo legítimo: proteger a los jóvenes frente a los riesgos asociados con las redes sociales, funciones y contenidos de estas plataformas. Precisó que la protección del interés superior de los menores y la prevención de alteraciones del orden público podían justificar límites estatales al acceso a determinados servicios digitales. No obstante, el Consejo determinó que la ley contenía disposiciones que “constituían una vulneración desproporcionada de la libertad de expresión y comunicación” y que, además, no ofrecían suficientes garantías jurídicas para proteger el derecho al respeto de la vida privada.
Los riesgos son reales. También lo es la tentación para el Estado de responder con prohibiciones. Pero expulsar a las infancias de internet podría crear nuevos problemas sin resolver los que realmente importan.
El Consejo señaló que uno de los principales problemas de la prohibición era que bloqueaba el acceso de todos los usuarios menores de 15 años sin distinguir entre las características de cada plataforma ni las circunstancias particulares de cada usuario. Esta formulación podía provocar que las restricciones se extendieran a servicios que no representan una amenaza significativa para los menores.
El dictamen también precisó que el marco regulatorio no condicionaba la prohibición a factores como las funciones disponibles en cada plataforma o la existencia de mecanismos de protección eficaces. Tampoco definía bajo qué condiciones los padres o tutores podrían autorizar el acceso de los menores a las redes sociales.
En materia de privacidad, el Consejo señaló que, para hacer efectiva la prohibición, la ley exigía que cualquier persona, no solo los menores de edad, acreditara su edad mediante mecanismos que no estaban suficientemente definidos. Además, no establecía salvaguardas adecuadas para proteger la información utilizada.
Todos quieren prohibir las redes sociales para menores, pero no hay consenso
El gobierno francés anunció que, en respuesta al fallo, presentará un nuevo proyecto con una redacción jurídicamente más sólida y compatible con la legislación francesa y las normas de la Unión Europea, con el objetivo de conseguir que la reforma entre en vigor antes de la primavera del próximo año.
La decisión retrasa los planes de Francia de convertirse en el primer país europeo en prohibir el acceso a las redes sociales a niños y adolescentes y reabre el debate sobre los desafíos de implementar una medida que ya está vigente o cuya adopción se analiza en distintos países.
Aunque estas iniciativas parten del mismo argumento de proteger a la infancia en el entorno digital, sus principios y mecanismos son diferentes.
Por ejemplo, Malasia y Australia aprobaron leyes que impiden que los menores de 16 años se registren o mantengan cuentas activas en servicios como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Como en Francia, el cumplimiento depende de las plataformas, que deben implementar mecanismos de verificación de identidad y edad para impedir registros que incumplan las disposiciones.
En contraste, los proyectos de ley de Brasil y la Unión Europea proponen medidas de protección desde el diseño. En lugar de limitarse a prohibir el acceso, plantean que las plataformas eliminen o modifiquen determinadas funciones consideradas potencialmente adictivas, como el desplazamiento infinito, los algoritmos de personalización y las notificaciones push.
Este enfoque, replicado por algunos gobiernos estatales de Estados Unidos, podría incorporarse en nuevas leyes que se analizan en Reino Unido, Canadá y España. También contempla salvaguardas de privacidad, controles parentales y clasificación de contenidos por rangos de edad.
En ambos modelos persisten desafíos para establecer regulaciones efectivas. Entre ellos están la definición de conceptos ambiguos, la implementación técnica y la transformación cultural en el uso de estos servicios, que requiere participación activa de usuarios, familias, autoridades y empresas.
A estas dificultades se suma la falta de evidencia científica concluyente sobre una relación causal entre el uso de redes sociales y los problemas de salud mental en menores. Esta incertidumbre complica la creación de estándares regulatorios claros y plantea un reto adicional para los gobiernos que buscan proteger a niños y adolescentes sin imponer restricciones desproporcionadas frente a los derechos fundamentales.