Las letras chiquitas del dictamen científico que avala evaluar el fracking en México
El Gobierno de Claudia Sheinbaum reabrió la discusión en torno a sus planes de utilizar la fracturación hidráulica, también conocida como fracking, para extraer reservas de gas no convencional, con el objetivo de reducir su dependencia de Estados Unidos en el abastecimiento de este combustible y avanzar hacia la soberanía energética.
El comité de evaluación creado por instrucciones de la mandataria para analizar la seguridad ambiental de esta estrategia emitió sus primeras recomendaciones tras meses de deliberaciones. La comisión, integrada por 54 científicos y especialistas en manejo del agua, explotación sustentable, geología y medio ambiente, avaló continuar con la exploración en distintas regiones del noreste del país para evaluar la viabilidad de extraer gas mediante fracking.
La contaminación de agua, sismos inducidos, la dispersión de comunidades rurales y conflictos con comunidades indígenas son algunos de los posibles impactos en las regiones donde se busca extraer gas natural y petróleo por fracturación hidráulica.
Aunque el grupo estableció una serie de condiciones técnicas, ambientales y sociales que deberán cumplirse antes de que pueda comenzar cualquier explotación, diversas organizaciones y colectivos defensores del medio ambiente afirman que la evaluación no demostró que las nuevas tecnologías puedan reducir los riesgos asociados con esta técnica. Acusan, además, que tampoco consideró de manera suficiente las posibles afectaciones a los territorios y poblaciones indígenas.
La comisión estima que México posee un potencial de gas natural proveniente de yacimientos no convencionales de alrededor de 141.5 billones de pies cúbicos, distribuidos principalmente en las cuencas de Burgos, Sabinas-Burro-Picachos y Tampico-Misantla. No obstante, precisó que es necesario determinar cuánto de este volumen puede recuperarse de manera viable, considerando aspectos técnicos, económicos y ambientales.
Las recomendaciones del comité
Los expertos descartaron de manera definitiva la explotación mediante fracking en la cuenca de Tampico-Misantla, ubicada entre los estados de Veracruz y Tamaulipas, al tratarse de una zona densamente poblada en la que numerosas comunidades indígenas dependen del territorio para mantener sus medios de vida. Esta prohibición también incluye regiones como la Huasteca, en San Luis Potosí, y parte de la Sierra Norte de Puebla.
No obstante, el comité recomendó continuar con la evaluación para determinar la viabilidad del desarrollo de yacimientos no convencionales de gas natural en las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos, ubicada en los estados de Coahuila y Nuevo León, así como en la de Burgos, localizada al noreste de Tamaulipas.
Aunque el dictamen deja abierta la posibilidad de recurrir al fracking en estas zonas, el comité subrayó que antes de comenzar cualquier labor de explotación será necesario demostrar que existen reservas suficientes de agua salada para realizar dichas operaciones. Asimismo, estableció que no deberá utilizarse agua dulce superficial o subterránea destinada al consumo humano, la agricultura y otras actividades productivas.
De esta manera, antes de iniciar cualquier proyecto de explotación, el Gobierno mexicano deberá determinar la cantidad de agua salada disponible y evaluar otras alternativas, como el aprovechamiento de agua proveniente de formaciones geológicas profundas. Tras este análisis, se deberá investigar la viabilidad técnica y económica de los proyectos, así como sus posibles impactos ambientales.
Finalmente, el comité recomendó al Gobierno agotar todas las alternativas disponibles para alcanzar la soberanía energética antes de comenzar cualquier actividad de fracking. Entre estas opciones se encuentran aumentar la generación eléctrica mediante energías renovables, mejorar la eficiencia energética, reducir la quema de gas en campos petroleros y aprovechar al máximo los yacimientos convencionales.
Defensores ambientales exigen la prohibición constitucional del fracking
Una coalición integrada por casi 35 organizaciones antifracking y defensoras del medio ambiente emitió un comunicado en respuesta a las recomendaciones del comité. En el documento, desestimó las conclusiones de la comisión al considerar que, desde su origen, el grupo fue creado para analizar la “posible explotación sustentable” del gas no convencional.
“El encargo revelaba un sesgo de origen: no buscaba responder si México debía prohibir el uso del fracking, sino cómo usarlo con menos culpa. Las organizaciones firmantes reiteramos que, por definición, es imposible hacer de manera ‘sustentable’ la exploración, extracción y quema de combustibles fósiles”, acusaron.
Las organizaciones también cuestionaron la legitimidad de la opinión del comité debido a que, según señalaron, omitió la participación de las comunidades que serían directamente afectadas, así como de especialistas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas.
“Esta omisión no es accidental: el fracking no es un asunto puramente técnico; es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Tratarlo solo como ingeniería es ya una forma de manipular el debate”, señalaron.
Los defensores aseguraron que las nuevas tecnologías propuestas por el Gobierno y el comité para reducir el impacto hídrico y ambiental del fracking —como el uso de agua salada, el reciclaje del líquido empleado durante las operaciones y la utilización de sustancias de origen orgánico o biodegradables— solo aparecen en artículos académicos como pruebas de concepto y no como soluciones cuya efectividad haya sido demostrada en la práctica.
“No existe evidencia científica sólida que demuestre que estas técnicas eliminan los riesgos estructurales e inherentes del fracking. Por el contrario, científicos nacionales e internacionales han advertido que los riesgos para los acuíferos, las fugas de metano, los sismos inducidos y las afectaciones sociales y ambientales no desaparecen con estas supuestas innovaciones”, aseguraron.
De esta manera, la coalición exige que el fracking sea prohibido de manera constitucional a nivel nacional, ya que, a su juicio, esta sería la única forma de garantizar la protección de los derechos universales a la salud y a un medio ambiente sano.