Meta propone llevar la verificación de edad y el control parental a tiendas de apps para proteger a niños y adolescentes

Meta propone que la verificación de edad deje de depender únicamente de cada red social. La empresa planteó que en México las tiendas de aplicaciones y los sistemas operativos identifiquen el rango de edad de las personas usuarias y que, cuando se trate de menores de edad, permitan a sus padres autorizar o rechazar determinadas descargas.
La propuesta fue presentada durante Screen Smart México, un encuentro organizado por la compañía para hablar sobre seguridad en jóvenes y adolescentes. Eliana Pérez, gerente de Políticas Públicas de Meta para México, Centroamérica y el Caribe, explicó que una tienda de aplicaciones podría enviar a los desarrolladores una “señal de edad” sin necesidad de que cada plataforma solicite confirmar su edad.
Esto, afirma, permitiría ofrecer una experiencia correspondiente a la edad desde que el usuario descarga una aplicación. Pérez considera que el modelo es “a prueba de futuro” porque también abarcaría aplicaciones que todavía no existen. “Si un adolescente quiere bajar una aplicación, a los padres se les notifica y puedes tú aprobar o rechazar desde un solo lugar”, explicó.
Las organizaciones de defensa de la seguridad infantil y los exempleados de Meta celebran los cambios propuestos sobre el funcionamiento de las redes sociales de la compañía para adolescentes. También consideran que los estados podrían haber ido más lejos.
Actualmente, la supervisión funciona dentro de las propias plataformas. En Instagram y Facebook, el padre o la madre necesita una cuenta para vincularla con la del adolescente y activar el control parental. Desde ahí puede establecer límites de tiempo, restringir más el contenido y consultar información como a quién sigue su hijo o con quién se mensajea con mayor frecuencia, aunque no puede leer sus mensajes ni aprobar cada publicación.
“Los padres deben tener una cuenta para poder acceder a la supervisión parental. No hemos encontrado otra forma de hacer eso sin que tengan una cuenta”, reconoció María Cristina Capelo, líder de Seguridad de Meta para América Latina.
En ese sentido, lo que propone Meta es trasladar una parte de ese control a un paso anterior: la descarga. Capelo explicó que desde las tiendas de aplicaciones determinadas configuraciones podrían establecerse “una sola vez para todas las aplicaciones”, en lugar de depender únicamente de las herramientas que ofrece cada servicio.
Meta rechaza las prohibiciones generales
La propuesta forma parte de la postura de Meta frente a las iniciativas que buscan impedir o restringir el acceso de adolescentes a redes sociales. La empresa sostuvo que las prohibiciones generalizadas “redistribuyen el daño en lugar de reducirlo”. Una restricción dirigida únicamente a ciertas plataformas puede provocar que los jóvenes se desplacen hacia servicios menos regulados o busquen formas de evadir los controles.
Meta puso como referencia el caso de Australia, donde existe una restricción para menores de 16 años. Capelo dijo que las encuestas realizadas allí muestran que algunos adolescentes buscan otras aplicaciones menos reguladas para mantenerse conectados, aunque aclaró que la compañía no tiene datos específicos para saber si ese comportamiento se repetiría en México.
Mientras tanto, Meta utiliza inteligencia artificial y otros mecanismos para estimar la edad dentro de sus propias plataformas. Capelo explicó que cuando detectan señales de que una persona podría haber declarado una edad falsa, pueden solicitar verificaciones adicionales mediante su proveedor externo llamado Yoti.
“Es mucho más fácil identificar a un adulto de un adolescente o un menor de 13 de un adolescente que saber quién tiene 14 y quién tiene 17”, dijo Capelo. Esa dificultad es otra de las razones por las que Meta considera que la primera comprobación debería realizarse desde el dispositivo.
¿Quién debe proteger a niñas, niños y adolescentes?
Durante el encuentro, el planteamiento abrió una discusión sobre quién debe asumir la responsabilidad de proteger a las personas menores de edad en internet. Viridiana García, oficial nacional del sector de Comunicación e Información de la UNESCO, planteó que esa tarea debe repartirse entre familias, empresas y gobiernos.
Según datos citados por el organismo durante el encuentro, 44% de los adolescentes accede a redes sociales antes de la edad mínima establecida y 83% afirma estar expuesto regularmente a por lo menos un riesgo en línea.
“Hay una responsabilidad de guiar, acompañar y proteger, pero no puede solamente caer sobre los padres de familia, pues no diseñaron estos entornos digitales”, señaló García. También atribuyó responsabilidades a las plataformas por sus modelos de negocio y su transparencia, y a los gobiernos por la regulación y gobernanza de estos espacios.
Meta sostiene que Instagram y Facebook no están diseñados para menores de 13 años. Para quienes tienen entre 13 y 17, la empresa cuenta con perfiles privados por defecto, restricciones de mensajería y contenido, límites de uso y controles adicionales.
Sin embargo, Meta, que en los últimos años ha enfrentado demandas y acusaciones por diseñar plataformas que generan adicción entre niñas, niños y adolescentes, insiste en que los controles dentro de cada servicio no resuelven por sí solos el problema de la edad. Su apuesta regulatoria es mover la primera barrera al punto por el que pasan prácticamente todas las aplicaciones: la tienda desde la que se descargan.
Trasladar parte de la verificación de edad a los sistemas operativos y las tiendas de aplicaciones puede ayudar a cerrar algunos vacíos, pero no excluye la responsabilidad de Meta sobre el diseño y funcionamiento de sus propias plataformas. En marzo de 2026, un jurado de Nuevo México la declaró responsable de engañar sobre su seguridad y facilitar la explotación sexual de menores de edad, y condenó a la compañía a pagar 375 millones de dólares.
Meses después, otro fallo en Nuevo México obligó a Meta a pagar 567 millones de dólares por los daños a la salud mental de niñas, niños y adolescentes, y en agosto se comprometió a pagar 16,700 millones de dólares a 51 estados y territorios de Estados Unidos como parte de un acuerdo para resolver demandas sobre los daños de sus plataformas a menores, además de aceptar cambios en la forma en que las personas jóvenes pueden utilizarlas.