México tiene una estrategia de IA, pero faltan las capacidades para ejecutarla
México ya cuenta con una estrategia nacional para abordar la adopción, supervisión y operación de sistemas de inteligencia artificial (IA), un avance significativo para que el país aproveche la economía emergente vinculada con esta tecnología. No obstante, persisten dudas sobre la capacidad de la nación para convertir estas políticas en capacidades nacionales que le permitan competir en el mercado internacional.
Así lo plantea el estudio ‘Economías de ingresos medios: navegando por las dependencias digitales en la IA’, publicado por el Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional (CIGI, por sus siglas en inglés). El documento analiza la relación entre las estrategias nacionales para el desarrollo de la IA, las capacidades tecnológicas existentes y la dependencia de proveedores extranjeros en 10 mercados en desarrollo, entre ellos México, Brasil, Colombia, India y Sudáfrica.
México ya es una pieza clave para el desarrollo global de la inteligencia artificial, pero el siguiente reto será transformar esa ventaja industrial en mayor productividad, innovación y crecimiento económico, según el Banco Mundial.
En abril de este año, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) publicó el ‘Plan Nacional de Inteligencia Artificial’, documento que establece por escrito la hoja de ruta que el Estado mexicano pretende seguir para conseguir que el país se beneficie de esta tecnología.
La estrategia tiene como pilares principales la creación de un marco ético y legal sólido; el desarrollo de capacidades, talento especializado y software con fines públicos, así como la generación de infraestructura estratégica que contribuya a garantizar la soberanía tecnológica.
El objetivo es establecer las condiciones necesarias para que el Estado reduzca su dependencia de proveedores privados extranjeros y, en cambio, desarrolle herramientas propias que contribuyan al bienestar de la población y faciliten la atención de diversos problemas administrativos, sociales y relacionados con sectores críticos.
Una parte de esta estrategia ha comenzado a materializarse en proyectos concretos. En marzo pasado se inauguró el Centro Mexicano de Supercómputo, una iniciativa público-científica diseñada para desarrollar capacidades nacionales en cómputo de alto rendimiento, inteligencia artificial, modelación avanzada y análisis de grandes volúmenes de datos. La creación de Coatlicue, una supercomputadora que se espera sea la más potente de América Latina, constituye uno de los objetivos más ambiciosos de este proyecto.
A esto se suma el establecimiento de centros formativos como la Escuela de Código Abierto, que ofrece capacitación gratuita en áreas como programación, bases de datos, cómputo en la nube y ciberseguridad, y el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (CPFI), una alternativa de capacitación sin costo con una oferta de 20 trayectos especializados en IA, infraestructura, ciberseguridad, desarrollo de software y análisis de datos, además de formación en inglés y habilidades blandas.
Finalmente, la Fábrica de Inteligencia Artificial y la Fábrica de Software y Tecnología Pública iniciaron operaciones para incorporar talento joven al desarrollo de soluciones de IA dirigidas al sector público. Estas iniciativas están enfocadas en acelerar procesos gubernamentales, identificar casos de uso y crear herramientas aplicadas a servicios digitales, análisis de información y optimización de procesos.
Mucha política alrededor de la IA, pero pocos medios para ejecutarla
Pese a estos avances, que todavía se encuentran en una etapa temprana de implementación, la investigación del CIGI plantea dudas sobre la capacidad del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum para transformar estas propuestas en mecanismos de innovación y soberanía digital a largo plazo.
El análisis utiliza las calificaciones del Observatorio de Políticas de Inteligencia Artificial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del Índice de Preparación Gubernamental para la IA de Oxford y del AI Preparedness Index del Fondo Monetario Internacional (FMI), registradas para los 10 países estudiados hasta finales de 2025.
Aunque las calificaciones consideradas no contemplan la presentación oficial del Plan Nacional de IA ni los proyectos vinculados con la estrategia y puestos en marcha este año, ofrecen una visión de las condiciones generales en las que México adopta y ejecuta estas medidas.
Según el documento, el país cuenta con los componentes básicos de política necesarios para impulsar el avance de la IA: una estrategia nacional o plan de acción; organismos o mecanismos nacionales de gobernanza; directrices y estándares relacionados, y programas, iniciativas y proyectos de política pública vinculados con esta tecnología.
Pese a ello, obtiene una calificación de 35 puntos sobre 100 posibles en su capacidad para mantener un enfoque y compromiso político orientados a promover el desarrollo óptimo y de largo plazo de la IA. El puntaje es el más bajo entre los 10 mercados analizados y se encuentra muy por debajo de los 96 y 88 puntos alcanzados por India y Brasil, respectivamente.
De manera particular, el informe identifica la adopción pública y la gobernanza como fortalezas relativas de México, aun cuando el país no cuenta con un marco regulatorio federal, pese a la existencia de diversas propuestas impulsadas tanto desde el gobierno federal como desde el Congreso.
En cambio, señala que sus mayores debilidades se encuentran en la falta de infraestructura pública, la difusión y el desarrollo de IA, así como en su capacidad de resiliencia, relacionada con la seguridad, la protección y la gestión de riesgos. En estos rubros, la nación alcanza 52.10, 34.07 y 32.22 puntos, respectivamente.
El informe del CIGI plantea que México tiene las bases necesarias para desarrollar una política nacional enfocada en el avance de la IA. Sin embargo, todavía carece de varios elementos necesarios para garantizar su adecuada implementación. Atender estos aspectos será fundamental para reducir la dependencia de proveedores externos y avanzar hacia la soberanía tecnológica que el Plan Nacional de Inteligencia Artificial busca garantizar, al menos por ahora, en el terreno de las políticas públicas de manera efectiva.