¿Qué es la pobreza de tiempo y por qué una propuesta de ley mexicana busca combatirla?
Legisladores mexicanos quieren acabar con la pobreza de tiempo en el país; es decir, con la escasez de tiempo para dedicar al descanso, el autocuidado y la convivencia, que se ha convertido en un problema sistémico en México. Afecta especialmente a las mujeres y se ha intensificado debido a la adopción de sistemas digitales y dispositivos electrónicos que permiten cumplir con las labores profesionales en prácticamente cualquier lugar.
En la Cámara de Diputados se impulsa una serie de iniciativas que incluyen la creación de la Ley General para la Prevención y Erradicación de la Pobreza de Tiempo (LGPEPT) y reformas a cuatro leyes existentes para promover una distribución equitativa de las tareas de cuidado no remuneradas y garantizar la desconexión digital.
En México, las mujeres dedican cerca de 40 horas a la semana a estas actividades, frente a apenas 18 horas por parte de los hombres.
Los proyectos legislativos fueron presentados esta semana en la Comisión Permanente por José Braña Mojica, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La propuesta del legislador argumenta que, hasta ahora, las políticas públicas relacionadas con el bienestar se enfocan en aspectos como los ingresos, la alimentación y el acceso a servicios, pero desatienden la cantidad y calidad del tiempo disponible para el desarrollo personal de la población, situación que es especialmente visible entre las mujeres.
Según los argumentos de Braña, “ningún ordenamiento jurídico vigente en México articula una política de Estado para prevenir, medir y erradicar la pobreza de tiempo”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres mexicanas dedican en promedio hasta 50.4 horas semanales a labores domésticas y de cuidados no remunerados, frente a 16.4 horas de los hombres. A esto se suma el trabajo remunerado, lo que reduce todavía más el tiempo disponible para descanso o actividades personales.
“Las mujeres sufren una jornada laboral combinada que pulveriza por completo su disponibilidad de tiempo propio, colocándolas en una pobreza de tiempo crónica y estructural”, según el documento de propuesta.
La propuesta también considera los tiempos de traslado en las grandes urbes que, entre la casa y el lugar de trabajo, pueden superar las 2,128 horas al año por trabajador, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
De acuerdo con la propuesta, la falta de tiempo para el esparcimiento puede relacionarse con trastornos del sueño, ansiedad, fatiga crónica y problemas psicoemocionales que tendrían un impacto en términos laborales.
Datos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo precisan que los costos económicos relacionados con estas condiciones pueden representar entre 3 y 4% del PIB anual de las economías, debido a factores como ausentismo, bajas médicas, rotación laboral y pérdida de productividad.
El tiempo como derecho constitucional
Frente a este contexto, la propuesta legislativa plantea la creación de la LGPEPT y ciertas reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
El proyecto legislativo, en términos generales, plantea crear un Índice Nacional de Pobreza de Tiempo (INPT). Este sería un indicador oficial elaborado y publicado por el Inegi cada dos años para identificar qué proporción de la población carece del tiempo necesario para cubrir necesidades como descanso, cuidado personal, recreación y convivencia.
Además, propone reconocer nuevos derechos relacionados con el bienestar cronobiológico, entendido como el equilibrio físico, mental y emocional que se obtiene cuando se respetan los ciclos biológicos y circadianos, incluyendo periodos suficientes de sueño, descanso y pausas.
En la misma línea, establece medidas para garantizar la desconexión digital. Las personas trabajadoras tendrían derecho a no responder llamadas, mensajes, correos electrónicos o instrucciones laborales fuera de su jornada, durante días de descanso o en vacaciones. Además, las empresas tendrían que establecer políticas internas de desconexión digital y bienestar cronobiológico, de acuerdo con sindicatos o representantes de los trabajadores. La invasión sistemática del tiempo de descanso podría generar inspecciones extraordinarias y sanciones administrativas.
Una carga desigual
Respecto a las tareas de cuidado no remunerado, la iniciativa propone crear una red nacional y universal de servicios públicos, que incluya centros de atención infantil, casas de día para adultos mayores y centros de apoyo para personas con discapacidad. Incorpora una perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres. Plantea el principio de corresponsabilidad en el tiempo de cuidados, con el propósito de distribuir de manera más equilibrada las labores domésticas y de cuidado entre mujeres, hombres, familias y Estado.
La iniciativa sostiene que esta redistribución es necesaria porque la carga desigual de estas actividades contribuye a que las mujeres tengan menos tiempo propio.
Finalmente, en temas de movilidad, el proyecto plantea que las autoridades diseñen el transporte público, la infraestructura vial y los sistemas de conectividad urbana considerando como objetivo reducir los tiempos de traslado.
El cumplimiento de la nueva ley propuesta recaería en distintos niveles de gobierno. A nivel federal participarían, entre otras dependencias, las secretarías de Bienestar, Trabajo y Previsión Social, Salud y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, además del Inegi. Los gobiernos estatales y municipales tendrían que adaptar sus legislaciones y desarrollar infraestructura y programas destinados a disminuir los tiempos de traslado y las cargas de cuidados.
Las disposiciones aún deben evaluarse por diversas instancias legislativas. Sin embargo, sus argumentos reiteran la necesidad de atender la salud psicoemocional de la población en general que, de manera particular, se entiende como un factor de desigualdad.
“En México, la pobreza de tiempo no es un desajuste individual de gestión de agenda, sino una condición estructural de desigualdad”, señala la propuesta legislativa.